Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopta resolución sobre la situación en Nicaragua

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno, entre otras cosas, a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres y transparentes.

En el marco de su Sesión #43, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, adoptó el pasado 19 de junio la resolución “Promoción y protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”. La resolución, impulsada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, recibió el copatrocinio de 47 países, lo cual demuestra la gran preocupación de la comunidad internacional por la deteriorada situación de los derechos humanos que persiste en dicho país, aún dos años después del inicio de la crisis política.

Esta resolución expresa, por segundo año consecutivo, su profunda preocupación porque en Nicaragua persisten las serias violaciones a los derechos humanos y se reprimen las protestas sociales mediante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nicaragüense.

Además, la resolución expresa preocupación por las persistentes restricciones al espacio cívico y de expresión de los disidentes en Nicaragua, incluyendo periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno de Nicaragua a cesar los arrestos y detenciones arbitrarias, y a liberar a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, así como a garantizar el debido proceso y asegurar que las condiciones de detención sean en el marco de las obligaciones del respeto de los derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos hace un llamado vehemente al Gobierno de Nicaragua para que tome las medidas efectivas que garanticen la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como a retomar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y con la Organización de los Estados Americanos, incluyendo el facilitar visitas al país.

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