El impuesto a las transacciones financieras refleja debilidad política del país, según analista Gustavo Araya

Fotografía tomada del Ministerio de Hacienda

Las reacciones al proyecto de ley del gobierno de crear un impuesto a las transacciones financieras como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para la estabilización económica ha desencadenado una cascada de reacciones en distintos ámbitos de la política, la economía y la sociedad. En KZU TV consultamos la opinión del analista Gustavo Araya, para quien la convulsión provocada por la medida gubernamental refleja una coyuntura de clara debilidad política y falta de liderazgo en el contexto nacional.

Según Araya, dejando de lado el análisis de cómo hemos llegado a esta situación, lo relevante es que la discusión hoy es un capítulo más de índole fiscal, peor que el enfrentado en 2018. “En aquel momento, el costo político lo asumió el Gobierno. Para el de hoy, al Gobierno no le queda capital político que arriesgar. Todo lo contrario, se puede quedar en una posición cercana al escenario 2022 de cara a su base electoral. No tiene más qué perder. Los demás partidos sí mucho qué ganar”. 

El experto considera que, con partidos políticos que no saben hacer oposición realmente, que se han quedado sin planteamientos alternativos, sin liderazgos claros y sin propuestas programáticas, es muy difícil para el sistema político dar cuenta de las soluciones para el problema fiscal, agravado por el COVID-19. Lo mismo sucede, en su opinión, con un gobierno en situación precaria (como el actual, desde su inicio), sin la fortaleza programática, partidaria, sin peso en la Asamblea Legislativa y sin liderazgo, al que le resulta obligatorio gestionar un «juego de mínimos» de manera permanente. 

Las medidas están en función de obtener resultados a la mayor brevedad posible (mediante herramientas de recaudación rápida) y en cumplimiento de su público base fundamental, “es decir, niveles socioeconómicos medios, urbanos, escolarizados, dependientes principalmente de un modelo con mayor peso del Estado en lo económico, añade Araya”. 

Su análisis integra otras fuerzas políticas, las cuales cree que se encuentran muy disminuidas y que con menor dificultad relativa pueden acudir a medidas extremas, no necesariamente viables. Por un lado el Frente Amplio, cuya propuesta “balanceada” está en la aplicación de mayores impuestos a los grandes capitales, no a la privatización y combate a la elusión y evasión fiscal. Por otro lado, está el PUSC con propuestas totalmente contrarias, igualmente “balanceadas” según su credo, incluso con un “más allá” proclive a la explotación de recursos naturales. 

Todos hablan de reducción del gasto, pero ninguno hace señalamientos concretos; bien porque no los tienen, bien porque saben que son inviables  o, más aún, porque no quieren correr con en costo político de propiciarlos. “Bien sabemos que los llamados gastos superfluos no son más que maquillaje y poses populistas. Llama la atención que el tema de elusión y evasión fiscal, que según el propio ex ministro de Hacienda Chaves, ronda los 3800 millones de dólares  no está presente en la discusión política”, según Araya.

El analista agrega que otras fuerzas políticas no mostrado ninguna propuesta alternativa, más que la oposición en sí misma, en el tanto que los partidos liberales, pese a que puedan tenerla y sea consistente con su credo, lo cierto del caso es que carecen de capacidad política e incidencia real en la toma de decisiones; hoy están fuera de la Asamblea Legislativa. Para los primeros sólo correrá la suerte de formar parte de la negociación en función de lo que los nodos con capacidad programática puedan decidir, mientras que para los segundos fundamentalmente sólo el espacio mediático y de redes sociales. Por demás está decir que los sectores empresariales y sindicales, parte de la dinámica dicotómica, no entrarán en la negociación política realmente. Más allá de un papel de grupos de presión, seguirán siendo principalmente observadores con voz, pero sin voto. 

Por último, Gustavo Araya indica que esta vez tenemos un segundo round de ejercicio democrático para deliberar sobre el tema fiscal, todo en una misma administración, algo no visto históricamente y con el foco de la atención electoral a la vuelta de la esquina, algo también inédito. Con la sola excepción del combo del ICE; el DR-CAFTA, el plan fiscal de la administración Chinchilla y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todos los procesos se dieron en los dos primeros años de una administración. “No es de extrañar que esta vez la evaluación del Gobierno por parte de la opinión pública sea igualmente histórica”.