Fácil y sencillo: Ventas de instituciones públicas

Fotografía con propósitos ilustrativos. Créditos: Municipalidad de San José

Costa Rica, como país, funciona a través de su institucionalidad, la cual ha velado desde el inicio por mantener vigente lo que en la Constitución Política se estableció. Este es como el contrato del Estado con su ciudadanía. Allí podemos encontrar nuestros derechos y nuestros deberes civiles. Para esto es necesario entender que las instituciones son parte del Estado: permanentes y con objetivos a largo plazo; muy distinto del gobierno que se establece solo por cuatro años. 

Para hacer efectiva la Constitución se crean instituciones que puedan sostener el orden y la armonía social. Como país tuvimos la visión ni más ni menos que de una población trabajadora, respetuosa, educada y saludable. Por valorar esto, y respetuosos de la Constitución, es que se crearon las instituciones que velan por esos objetivos. Instituciones que custodian el acceso universal a la educación y a la salud, indistintamente de la enfermedad a tratar. También instituciones que velan por el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras como el salario, vacaciones y días de descanso. Acá es donde tenemos que entender que no todo puede ser valorado en términos de ganancias o de dinero. El valor social existe y en Costa Rica es muy apreciado dada la contribución a la estabilidad democrática de cada una de sus instituciones. Esta estabilidad atrae inversión extranjera directa y los distintos tipos de turismo en los que el país se especializa: recreativo, laboral, de salud, educativo, entre otros, que son las principales industrias que aportan al producto interno bruto. 

Es el Estado, y no otro, el que expresa la visión del país que estamos formando. Por ejemplo, ¿queremos cuidar la naturaleza?, ¿queremos cuidar a las personas que se encuentren en la vejez o la niñez?,¿queremos respetar la vida de otros seres, como los animales? En Costa Rica, para cada una de estas preguntas hay una institución -entre muchas otras-, que mantienen las reglas claras para que exista el respeto entre los ciudadanos. Depende de nosotros decidir el tipo de sociedad en la que queremos vivir y qué instituciones son necesarias para llegar a tenerla. Estas reglas incluyen a las empresas, para que puedan sacar provecho de todos los activos públicos y generar la riqueza que mueve la economía, con respeto a todo lo que establece la Constitución. 

Acá es donde debemos entender el nacimiento de la institucionalidad, el rol que cumplen para la población y así mismo el valor público que poseen. En este ejercicio no debemos olvidar que a las instituciones se les debe exigir eficiencia y eficacia. Ciertamente es un honor poder ser parte de la institucionalidad pública, pero esto debe ir de la mano con el respeto de entender que es la sociedad la que exige que las instituciones cumplan el objetivo social para el que fueron creadas, y por lo que son financiadas a través de impuestos. 

¿Qué tipo de Estado y qué instituciones son necesarias crear ahora para formarlo? Son grandes preguntas que tenemos oportunidad de contestar justamente ahora, con la pericia técnica que el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos brindará. Preguntas que serán necesarias para las propuestas que le hagamos al Fondo Monetario Internacional respecto a la reorganización institucional que debemos hacer para enfrentar esta -y las próximas- crisis que azotarán al país. Porque tenemos garantizado que en el futuro nos tocará el enfrentar retos constantes. 

Es claro que la estrategia a largo plazo debe quedar en manos de quien formula el contrato con la ciudadanía, y configura a través de la legislación la visión que como sociedad queremos alcanzar. Dentro de esta estrategia debemos contemplar los riesgos que se pueden materializar ya que, al final, solo a través de un Estado fortalecido en su institucionalidad es que vamos a poder salir adelante. 

Pablo Navarro Marín 
Máster en Economía del Desarrollo 

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