El primero de setiembre el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto ordinario que se somete a revisión por parte de los diputados. Este es un instrumento financiero que presenta la siguiente estructura del gasto de Costa Rica:
- Gastos corrientes
- Sueldos y salarios
- Pagos de intereses de la deuda
- Transferencias (a municipalidades, por ejemplo)
- Cargas sociales
- Gastos de capital
- Inversiones
- Otras transferencias
- Pago títulos y bonos financieros
Los gastos se priorizan de acuerdo con el contexto, pero también siguiendo criterios legales, por ejemplo, la ley indica que a la educación (MEP) se le gira un 8% del total del PIB. Esto compromete de previo los gastos que se deben presupuestar, y no destinar el dinero para ello sería ir contra la Ley, por lo que cualquier cambio en este sentido debe pasar por quienes hacen las leyes: los diputados.
El gobierno teniendo todos sus gastos registrados procede a tomar sus ingresos y verifica si le alcanza el dinero o bien si debe recurrir a deuda pública para poder financiarse.
Este sistema es sostenible en la medida en la que la economía sea activa, con el empleo formal y en donde sus actividades económicas puedan ser gravables por el gobierno, para que este genere sus ingresos a través de impuestos.
Los retos actuales son tres de acuerdo al foro donde se contó con la participación del presidente Carlos Alvarado, y los expresidentes Laura chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, estos son:
- Empleo informal
El país ya venía manejando una tasa de desempleo alta, así como una cantidad de trabajadores informales, al estar en la informalidad el gobierno no puede gravar sus actividades con impuestos, de modo que se generen ingresos para el financiamiento de la educación, salud y seguridad, entre otros. Esto genera que los impuestos provengan de una base pequeña de trabajadores que sí están formalizados. Se advierte también que no hay que cometer el error de descuidar la educación, como sucedió por ejemplo en la década de los 80, Laura Chinchilla incluso propone el bono digital para quienes quedaron excluidos por no contar con medios digitales para continuar estudiando.
- Decrecimiento de la actividad económica
Sumado a la informalidad está la actividad económica a la baja, que dadas las circunstancias de la crisis actual pareciera que se reactivará con lentitud. En tanto esto ocurra el mismo gobierno es el que debe mantener sus operaciones, de nuevo, de seguridad, salud y educación, entre muchas. El expresidente Rodríguez indica que pedir apoyo a organizaciones multilaterales, para poder sobrellevar esta situación de crisis, nos ayudaría a tener mayor control de la economía y evitar así un escenario donde el ajuste sea el dado por el mercado, que sería la peor opción.
- Polarización política
En una democracia podemos aspirar a consensos grupales para progresar, pero no se puede esperar a estar en acuerdo total para tomar decisiones. Cuando el gobierno prioriza, inevitablemente excluye. Las decisiones en la democracia se toman buscando equilibrios entre partes que están opuestas. Esto pareciera proponer que las decisiones se tomarán aun cuando las personas estén en algún punto de desacuerdo. La expresidenta Chinchilla indicó que cualquier diálogo que no tenga consecuencias es un dialogo que se convierte en demagogia, y sería irresponsable. Es importante denotar en este punto la influencia de presiones externas que reciben los diputados por parte de grupos de interes, que evitan negociar con el Poder Ejecutivo dado que saben que si lo hacen directamente con los diputados tienen más probabilidad de poder influenciar los acuerdos de modificación/creación de las leyes, no en vano en varias ocasiones se han propuesto proyectos de ley para regular el cabildeo político.
Con esos tres retos, el gobierno debe dar garantía al FMI de que es capaz de adquirir un préstamo que le permita hacer un “arreglo de pago” de todas sus deudas. El fin sería poner orden a lo interno y poder sacar adelante la economía de Costa Rica, que aún tiene buenos síntomas respecto a su tasa de inflación y de tipo de cambio, ambos estables.
En medio están las voces usuales que exigen un Estado más pequeño, pero hay otras, como la del economista Leiner Vargas, que advierten que hay que revisar además del tamaño el Estado, su capacidad. De los gastos totales, los corrientes son los que suman mayor peso, y dentro de esta categoría son los salarios los que abultan más los montos. Ante esta situación- no está demás exigir mejoría al Estado, pero esto solo sucederá en tanto exista un gobierno con capacidad de coordinar a las instituciones, de darles una visión y un rumbo que permita salir adelante.
Pablo Navarro Marín
Máster en Economía del Desarrollo.
