Costa Rica no debe, ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto la deuda pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al 80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos.
Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye.
Crear un tributo del 0,3% a todas las transacciones bancarias durante los primeros dos años, para luego bajarlo a 0,2% al tercero y cuarto año es sin duda improcedente. Este tipo de medida precariza los esfuerzos por bancarizar a la población, generar mayor trazabilidad sobre los flujos y es un duro golpe para las familias. Además, de que generará un incentivo una mayor hacia la informalidad lo cual es totalmente contrario a lo que debería ser el objetivo primario en estos momentos cuando lo que se requiere es incrementar la base contributiva. Subir tasas no es equivalente a incremento en recaudación. Sólo se está intentando sacarle más a los que hoy ya aportan.
El segundo gravamen que corresponde a un aumento temporal en las tasas del impuesto a los salarios superiores a los ¢840.000 y a las ganancias de las empresas; así como aumentar el tributo de la propiedad sobre bienes inmuebles es un “martillazo” para los sectores productivos e incrementa la informalidad. Lo bienes inmuebles hoy ya pagan impuestos a la propiedad y además el impuesto solidario. Costa Rica es un país importador neto de capitales y depende en gran medida de la inversión exterior. Con cargas tributarias de más del 48% si se aprueban las propuestas de aumento en impuesto a las utilidades y dividendos, se está creando un desincentivo a la inversión tanto interna como externa en el país.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la retórica sobre un gasto público inflexible y con poco espacio de reducción se desgastó y no es sostenible. Es momento para el Gobierno de dar señales claras sobre su responsabilidad con el gasto público, cumplir con los compromisos adquiridos cuando se aprobó la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, y poner la “casa” en orden al igual que el sector privado lo ha venido haciendo desde incluso antes de la crisis derivada por la pandemia actual.
“El sector empresarial del país ya realizó un aporte significativo cuando se pasó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asumimos nuestra responsabilidad y aceptamos nuevos impuestos, pero con el compromiso de que el gasto público iba igualmente a ser controlado y reducido con acciones concretas y de alto impacto, lo cual no ha sucedido. La carga debe ser compartida y ahora corresponde al Gobierno cumplir con su palabra y hacer los recortes que corresponden. No podemos atentar contra la paz social del país poniendo al sector privado productivo en riesgo, el cual es motor de generación de empleo y estabilidad en estos momentos críticos. Desde el sector empresarial hacemos un llamado para unificar a todos los sectores y que la negociación de cara al planteamiento que se hará al FMI sea consensuada y balanceada”, afirmó José Álvaro Jenkins, Presidente de UCCAEP.
Para la Unión de Cámaras, el espacio que se brinda de cara a la propuesta que se planteará al Fondo Monetario Internacional debe ir en el orden de una consolidación fiscal balanceada racional, que implique hacer recortes materiales al gasto público y que de señales contundentes que permitan enrumbar el norte financiero del país.
Asimismo, las reformas deben ir en el orden de mejorar la estructura tributaria para que sea menos compleja y facilite la recaudación de los impuestos existentes y con ello reducir la informalidad, la evasión y la elusión fiscal.
Estamos en una situación crítica en donde las empresas y las familias no tienen claridad sobre las medidas implementadas ante el COVID-19 y con un desempleo superior al 24%. La reactivación económica debe ser inmediata y lo anunciado hoy por el gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la atracción de inversiones nacionales y foráneas.
Comunicado de UCCAEP
